COP 20 en Lima: Ya es tiempo de un movimiento por un nuevo orden ambiental y climático

Perú será el país anfitrión de la 20ª Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP 20) a organizarse del 1 al 12 de diciembre 2014 en Lima, en el marco la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este nuevo escenario de negociación esta gestando nuevamente amplias movilizaciones de actores sociales, políticos, gubernamentales y corporativos procedentes de los cinco continentes. El ministro de Ambiente peruano Manuel Pulgar-Vidal ya ha anunciado la presencia de aproximadamente 12 000 personas durante los 12 días de encuentro del proceso oficial. Una importante diversidad de espacios de debates temáticos y sectoriales (Foro climático de los pueblos, pre-cumbres gubernamentales, Villa climática, foros sociales, seminarios paralelos, manifestaciones populares y culturales...etc) se organizarán en torno a este evento para tratar de enmarcar una participación social y popular más que nunca necesaria frente de los desafíos climáticos que se expresan tanto local como globalmente.

Resulta imprescindible, en primera instancia, situar el proceso de Lima en el itinerario de negociaciones gubernamentales de la última década y en la actual situación de la crisis climática. La Conferencia de Lima está orientada sobre todo a preparar en el 2015 un nuevo acuerdo climático vinculante que viene a renovar el anterior acuerdo conocido como el Protocolo de Kioto finalizado a fines de 2012. Las conferencias anteriores, Bali en 2007, Durban en 2011 y sobre todo Copenhague en 2009, debían ser piedras angulares para diseñar el régimen post-2012, pero terminaron resultando un fracaso o dando resultados no consensuados entre grandes potencias económicas, China, EEUU, India, la Unión Europea, Rusia y Brasil a la cabeza. En realidad, las últimas conferencias, y particularmente la de Varsovia en 2013, han puntuado una tendencia más que preocupante en la geometría de las negociaciones. Y más profundamente en la instalación de un orden climático excluyente desde el ámbito intergubernamental: casi naturalización de la irreversibilidad de las catástrofes climáticas, énfasis puesto en la mitigación y en la adaptación a los efectos más drásticos de los cambios climáticos, enfoque puesto en la seguridad nacional y en el estimulo del crecimiento económico a partir de la reparación de impactos climáticos, polarización de los debates sobre la financiación de las pérdidas, ausencia de respuesta a la situación de países en situación de emergencia (islas de Pacífico por ejemplo).
Este panorama no quita la existencia de esfuerzos sociales y políticos destacados en término de mitigación y adaptación al cambio climático sobre todo a nivel territorial, nacional o regional. No obstante, como lo recuerda el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC) divulgada en septiembre 2013, la realidad concreta de los cambios climáticos no deja de manifestarse más y más claramente de forma transfronteriza y sistémica en los aspectos humanos, económicos, políticos, sociales y ecológicos. En la práctica, los Estados, tanto industrializados como emergentes, siguen incentivando globalmente el aumento de emisiones de carbono, proyectando una posible elevación de temperatura media a 4.5ºC al horizonte 2100. Los impactos climáticos de todo tipo generan anualmente alrededor de 5 millones de víctimas humanas (con 50 millones de refugiados climáticos) y costos económicos del orden del 4% del PIBI mundial.

Pero, tenemos que ir más en las entrañas de la geopolítica para entender la dificultad de avanzar en la gestión del bien común mundial que constituye la atmósfera y dimensionar de ahí el rol de la sociedad civil, más allá de la cita de Lima y del mecanismo promovido desde las Naciones Unidas. Por un lado, la lógica multilateral y el poder efectivo de las agencias de Naciones Unidas esta desfasado con los intereses y las relaciones actuales de poder de los Estados y de las potencias económicas. Si bien las Naciones Unidas tratan valientemente de convocar los actores alrededor de la mesa y de fomentar acuerdos, son estos últimos - en particular los más poderosos, quienes deciden in fine los términos de negociación y su compromiso eventual en función de sus intereses nacionales. En este sentido, la crisis financiera iniciada en 2008 ha puesto claramente la prioridad de los países centrales en el rescate de las economías nacionales y la expansión de los mercados a todo costo. Por otro lado, la hegemonía histórica de los países industrializados y el resentimiento de los industrializados tardíamente crea una barrera difícil de superar. Si bien existe el principio de responsabilidad diferenciada, mientras los países emergentes reclaman su derecho legítimo al desarrollo, las naciones industrializadas piden que estos realicen los sacrificios que ellas no hicieron en su momento o que ni están dispuestas a hacer. En la práctica, los países emergentes parecen no querer entrar en una negociación de fondo mientras los países centrales no asumen una suerte de mea culpa por su conducción del desarrollo planetario durante los 200 últimos años.

Finalmente, cabe señalar que la debilidad para definir un marco de claro respecto al cambio climático, deja un campo entregado a la captura de la agenda por soluciones tecnológicas y a un mayor protagonismo de grandes conglomerados económicos en la agenda internacional. La "economía verde" visibilizada en el proceso Río+20, la "nueva alianza global pública-privada" que se promueve para erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible como renovación de los Objetivos del milenio, son dos ejemplos ilustrativos. Ambos fueron despreciados por los países del G77 más China.

El rol de los Pueblos, de los actores sociales, sindicales y civiles nunca ha sido tan urgente y necesario en este contexto. En primer lugar para plantear una nueva narrativa sobre la crisis climática. De hecho, la Conferencia mundial de los pueblos sobre Cambio Climático de Cochabamba en 2010 ha desplazado el eje de debate dominante centrado en una definición reduccionista de las evoluciones climáticas, a sus causas relacionadas con el patrón productivista en las sociedades modernas (tanto en su vertiente capitalista como socialista). El cambio climático forma parte de las extendidas consecuencias de carácter destructivo que tienen el desarrollo, el progreso y el crecimiento ilimitado en un mundo extremadamente desigual. En segundo lugar, para unir las luchas ambientales todavía apartadas o desarticuladas. Las cuestiones ambientales han logrado conectar algunas de las luchas más importantes en las últimas décadas en los campos de justicia e igualdad, de guerras y militarización, de libre comercio, de soberanía alimentaria y agroindustria, de derechos de los campesinos, de luchas contra el patriarcado, de defensa de los derechos de los indígenas, de migraciones, de críticas a las matrices de pensamiento dominantes euro-céntricos y coloniales. Estas luchas expresan un caudal común de cuestionamiento de modelos de pensamiento y de producción que no coinciden con el grado de justicia social y ambiental que requieren hoy las sociedades. Pero estamos lejos de lograr una articulación suficiente de las propuestas temáticas. En este sentido, los gobiernos populares y democráticos en América Latina, desde sus avances en limitar la centralidad del mercado, ampliar los derechos y reducir las desigualdades sociales, son un actor clave para abrir nuevos cambios de las matrices productivas y interiorizar los temas ambientales.

En tercer lugar, para rechazar el orden climático actual y empujar un nuevo movimiento para la transición "aquí y ahora". La COP21 de París en 2015 se plantea como una conferencia internacional decisiva y de la "última chance". Pero ¿cómo enfrentar seriamente este desafío si el orden climático actual esta siendo colonizado por intereses imperialistas y basada en mecanismos inadaptados? ¿No sería más estratégico apostar a un movimiento global y popular por un nuevo orden climático (capaz de presionar y articularse con actores gubernamentales), en vez de concentrar nuevamente todas las expectativas en incidir en los espacios multilaterales de Lima y París (cosa que ocurrió en Copenhague y que no funcionó)? Estas preguntas quedan abiertas.

Algunos ejes de trabajo se evidencian a partir del panorama anterior en relación con la dinámica del Consejo consultivo de la sociedad civil en Argentina.

1. Reivindicar que otro orden climático es posible, centrado en los derechos humanos universales, la solidaridad internacional y una transición social y ecológica, rechazando una agenda climática que priorice sólo la "seguridad climática", los intereses corporativos y falsas soluciones tecnológicas. Acciones posibles: comunicación a través de difusión de comunicadores, declaraciones, narrativas.

2. Contribuir a hilvanar las luchas ambientales llevadas adelante por distintos actores y sujetos sociales (movimientos sociales, ciudades sustentables y colectivos urbanos, agricultura familiar y luchas contra monocultivos, migrantes, Pymes, consumidores, comunicadores, funcionarios, sindicatos, colectivos de comunes culturales y cooperativas, recicladores, nuevas universidades y cátedras, incluyendo actores de la UNASUR y MERCOSUR). Acciones posibles: armar dossiers temáticos, reuniones intersectoriales, producir síntesis de las propuestas; incluir la relación norte-sur.

3. Organizar una serie de foros climáticos a partir de abril 2014 en articulación con el Foro climático de los Pueblos coordinado desde Lima.