Reapropiación ciudadana de la política

Sesenta años después de la fundación de la República Popular de China, treinta años después del inicio de la política de reforma y apertura, veinte años después del acontecimiento trágico del 4 de junio de 1989, las organizaciones sociales chinas siguen estando todavía bajo el control del gobierno, sus campos de acción más importantes son el medioambiente y la provisión de servicios sociales. Son más percibidas como un sector útil, aunque heterogéneo, para la estabilidad de la sociedad que como una fuerza de oposición o de protesta, capaz de desafiar a la autoridad del Estado.

La política general del gobierno chino con respecto a las organizaciones sociales se reduce a dos medidas. La primera es organizar a la sociedad civil más que dejarla auto-organizarse, para evitar que el movimiento no gubernamental se transforme en un instrumento en manos de actores no estatales y escape al control del gobierno; la segunda es sustituir a la sociedad civil mediante organizaciones colaboradoras y controlables, hacer de modo tal que la sociedad y el Estado se confundan, en lugar de favorecer una sociedad autónoma que se convierta en parte asociada.

Para el gobierno, se trata de una autorregulación en nuevas coyunturas sociales, caracterizadas por la transición de la economía planificada a la economía de mercado, de la “sociedad total” a una sociedad denominada pluralista. Por un lado, una sociedad civil trata de organizarse, de adquirir cierta autonomía y, por otra parte, el Estado trata de retomar las riendas del control de la sociedad a través de una administración descentralizada. En ambos casos, la sociedad civil es cada vez más reconocida como una fuerza real necesaria para la estabilidad y el desarrollo de China.