Por Andrew Fuys
Esta publicación comparte lecciones obtenidas de estudios de casos sobre regímenes de propiedades comunes que llevaron a cabo organizaciones e investigadores de las redes Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC) y del Programa para todo el Sistema del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) sobre Acción Colectiva y Derechos de Propiedad (CAPRi). Aunque la publicación expresa las lecciones que aprendieron el ILC y CAPRi, las opiniones que se plasman en los estudios de caso son de los autores de los mismos. Los estudios de caso proceden de Asia, África, Europa y Latinoamérica.
Garantizar los derechos de acceso de las millones de familias que dependen de propiedades comunes para su sustento es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las iniciativas de reducción de pobreza en zonas rurales. Los bienes comunales cumplen funciones religiosas, culturales y medioambientales, y son de particular importancia para garantizar el sustento de los miembros más pobres de la sociedad, como las mujeres y los sin tierra. Estudios recientes también han demostrado que, aunque una gran cantidad de la renta nacional deriva de los bienes comunales, éstos rara vez obtienen reconocimiento en la contabilidad nacional.
La tendencia hacia formas individuales de propiedad de la tierra, que se da en todas las partes del mundo, significa que se están privatizando grandes porciones de tierra que históricamente eran comunales. Esto beneficia a la seguridad de la ocupación de unos pocos privilegiados a cuyo nombre se privatiza la tierra, pero por lo general tiene como resultado que grandes cantidades de personas más pobres, que anteriormente tenían acceso a estos recursos, pasan a estar desposeídos.