Una gobernanza global con equidad para alcanzar la seguridad alimentaria en 2025

Una vez superada la primera década del milenio, en la que se ha evidenciado el irreversible proceso
de cambio climático, se ha puesto de manifiesto una crisis energética y de precios de los alimentos
sin precedentes, y una gran crisis económica y financiera internacional, nos debemos de plantear si
realmente es sostenible un desarrollo centrado en el crecimiento económico, en el que las variables
sociales, ambientales y culturales continúen figurando en un segundo plano. Las crisis mencionadas
han llevado a un acelerado proceso de incremento de la inseguridad política, social, económica y
ambiental y una cada vez mayor incertidumbre en todos los ámbitos, desde los países desarrollados
a los países en desarrollo, del ámbito local al nacional e internacional, desde los hogares a los
gobiernos, del medio rural al medio urbano.

La crisis de los precios de los alimentos que produjo un alarmante incremento de personas hambrientas al final de la década se puede considerar un primer aviso de las implicaciones que puede
tener a largo plazo el mantenimiento de un sistema agroalimentario injusto, construido para el
beneficio de unos pocos y el perjuicio de muchos, no solamente de los más pobres y vulnerables sino
también de las clases medias. La realidad es que nuestro mundo está cada vez más globalizado y
también cada vez más desequilibrado, en el que las decisiones sobre el futuro de muchos se toman
cada vez por menos actores que tienen cada vez más poder. En definitiva, “el mundo globalizado en el
que vivimos está globalmente desequilibrado o desequilibradamente globalizado” (CDA-IEH, 2010).

Esta crisis y la falta de respuesta a nivel nacional e internacional a la creciente inseguridad
alimentaria es, entre otras razones de fondo, una de las principales causas de esta situación de
incertidumbre y consecuente respuesta social colectiva. La cada vez mayor dificultad de los
ciudadanos de acceder a los alimentos no solo tiene implicaciones políticas y sociales, sino que
supone un serio revés a las perspectivas de cumplir los objetivos de desarrollo del milenio acordados
para el año 2015.

Los actores más influyentes en la agenda internacional han intentado dar respuesta a esta crisis a
través de la organización de un rosario de reuniones internacionales en las que se vierten
importantes recursos con escasos resultados, mediante la retórica de los compromisos de aumento de
la ayuda a la agricultura de unos y otros que finalmente no se hacen efectivos, e impulsando
reformas de escaso calado en las instituciones internacionales que no han probado por el momento
ser eficaces. Hasta el momento, lo que podemos afirmar es que la respuesta internacional y nacional
a la crisis alimentaria ha sido y continua siendo descoordinada, cortoplacista, monocorde, errática,
interesada, intuitiva, imprecisa e insuficiente.

La solución para erradicar el hambre y lograr el acceso de todos y todas a los alimentos en 2025 pasa
forzosamente por lograr respuestas coordinadas y efectivas, para lo que es necesario contar con un
sistema equitativo de gobernanza de la seguridad alimentaria, y que este sistema vele por proteger y
garantizar el derecho humano a la alimentación de todos y todas. Es decir, el derecho a la
alimentación y la gobernanza de la seguridad alimentaria como una tercera vía que es clave para
Enrique de Loma-Ossorio y Carmen Lahoz
lograr que el enfoque de doble vía (incremento de productividad y de las rentas y los sistemas de
protección social) se haga efectivo con equidad y para el beneficio de todos, y no solo de unos pocos.